domingo, 3 de junio de 2012

03/06/2012

Ayer se cerró otro día de incertidumbre y rumores de rescate, mientras la economía española se resiente de los continuos vaivenes y nadie da una respuesta que disipe los temores. No obstante, empiezan a aclararse las metas a medio y largo plazo, orientadas inequívocamente hacia una Eurozona con normas financieras y fiscales comunes, que palíen los errores que se cometieron en el nacimiento de la unión monetaria y cuyas consecuencias padecemos todos.



Parece clara la necesidad de una política monetaria y fiscal común, cuyas derivadas, entre otras, serían la supervisión centralizada del sector financiero, la disposición de ayuda directa a las entidades financieras y la creación de un fondo de garantía de depósitos europeo. El gobernador del BCE abogó ayer directamente por la creación de un fondo europeo para ayudar a los bancos en apuros. Sería una solución muy adecuada para las dificultades que atraviesa España, pero no hay tiempo porque esto tardará años en llevarse a cabo.

Ahora nos urge arreglar el problema del sector financiero, después de que el tratamiento del caso Bankia haya acelerado y abierto definitivamente la caja de los truenos. Hasta el punto de que los expertos y el mercado dan ya por descontado que estamos abocados a un rescate sectorial. Las dudas ahora se centran en si este rescate acabará afectando también al Estado e, incluso, si puede desembocar en una intervención. La diferencia entre ambos conceptos es sutil pero muy importante.

Un rescate es una ayuda que implica recibir auxilio financiero, a cambio del cumplimiento de unos requisitos acordados entre los técnicos y autoridades de los organizamos internacionales -UE, FMI y BCE- y los del país en cuestión. Si se produce un rescate sólo de entidades financieras, las condiciones que se impongan afectarían en su mayor parte a ese sector.

En el caso de una intervención al Estado la tutela es superior y afecta a la política fiscal y financiera. Los ejemplos son Irlanda o Portugal. Una intervención, como ha sucedido en Grecia, implica pérdida de soberanía. La troika (BCE, UE y FMI) controla la aplicación y ejecución de las medidas decididas desde fuera. Aun sin que se dé esta situación extrema, la pertenencia a la eurozona exige compromisos y cesión voluntaria de parte de la soberanía.

España es demasiado grande para ser rescatada; hacerlo supondría un auténtico golpe contra el euro y comprometería muchos recursos del FMI y de la eurozona. Sin embargo, mantener la situación actual es tener activada una bomba de relojería. Rajoy, aunque todavía lo niega en público, va a solicitar un rescate para el sistema financiero y ya se han iniciado conversaciones con la UE. La vicepresidenta viajó ayer a Washington a entrevistarse con Christine Lagarde y Timothy Geithner. Esta reunión con la directora del Fondo y el secretario del Tesoro de EEUU -aun cuando estuviera concertada desde hace tiempo- se interpretó en medios internacionales como un paso previo para la negociación de un préstamo del FMI a España.

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