El documento más buscado de los últimos tiempos en Bruselas salió ayer a la luz: el llamado "memorándum de entendimiento", con las condiciones por las que España recibirá de la eurozona hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar sus bancos.
El texto fue pactado entre España y el Eurogrupo en la madrugada del martes y compromete al Gobierno a la puesta en marcha de un profunda reforma (tutelada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) que cambiará radicalmente el paisaje del sector financiero español, en especial para las cajas de ahorros.
Las condiciones fijadas por los socios europeos incluyen la liquidación de entidades no rentables, nacionalizaciones y cambios en la estructura de poder de las cajas. Además, el Gobierno accede a crear un banco malo que concentrará los activos tóxicos, inmobiliarios, que lastran los balances de las entidades bancarias. Se hará "a precios razonables", no de mercado, explicó Luis de Guindos, al término de la reunión de ministros de Economía de los Veintisiete.
Ese banco malo (o sociedad de gestión de activos) recibirá financiación de la UE no sólo porque el fondo de rescate europeo inyectará capital en el FROB para ese propósito, sino también porque el BCE aceptará directamente los bonos emitidos por ese futuro banco malo a la hora de pagar sus compras de activos dañados a las entidades financieras.
De ese modo, explican fuentes españolas conocedoras de la negociación, el capital del nuevo vehículo y parte de sus necesidades operativas no deberán buscarse en el mercado de deuda, como habría sucedido en el caso de que lo hubiera creado el Gobierno español. "Los bonos emitidos" por el banco malo estarán estructurados "de forma que cumplan las condiciones" del BCE sobre instrumentos financieros. España dispondrá así de entre 20.000 y 50.000 millones de euros adicionales para financiar el banco malo con las inversiones inmobiliarias fallidas, explican las fuentes.
El dinero llegará mucho antes de lo previsto. El Eurogrupo decidió anteanoche acelerar los preparativos para que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (el fondo de rescate actual, FEEF) empiece ya a captar fondos en los mercados para prestarlos a España. Esto permitirá que a finales de julio cuente con una reserva de 30.000 millones de euros "para cubrir el coste de operaciones inesperadas", indica el documento, antes incluso de empezar las operaciones de recapitalización.
De esta manera, celebró de Guindos, la zona euro se blinda con "un colchón de seguridad" de cara a los próximos meses. El ministro admitió que la firma de este préstamo no bastará para relajar la tensión de los mercados de deuda. Ahí, dijo, "lo que tenemos que hacer es avanzar en el proceso de consolidación, recuperar el crecimiento económico y tener instrumentos para estabilizar los mercados financieros".
El memorándum de entendimiento entre España y la zona euro marca un estricto calendario de reformas y reclama al Gobierno informes trimestrales sobre los avances. Europa llevará a cabo sus propios controles, en concreto para verificar el cumplimiento de los planes de reducción del déficit público.
El préstamo no lleva aparejadas condiciones directas de política económica, pero indirectamente están allí, ya que la entrega de los distintos tramos del préstamo está ligada a la consecución de las metas de déficit (España ha obtenido un año más, hasta el 2014, para alcanzar el 3%).
La zona euro se garantiza así un fuerte control sobre las decisiones económicas del Gobierno, al que se le exigirá la adopción de seis recomendaciones de la Comisión Europea para corregir los desequilibrios actuales. Entre otras, reforzar la recaudación fiscal (IVA), eliminar desgravación por compra de vivienda, afinar la reforma del mercado laboral y liberalizar algunas profesiones.
Plazo largo, tipos bajos. Europa presta a España hasta 100.000 millones, de los que 30.000 ya están disponibles. El tipo de interés será el que el FEEF obtenga en el mercado (3-4%). El plazo medio de amortización será de 12,5 años, pero habrá 10 de carencia en que sólo se pagará intereses.
Ya no más cajas. Una de las condiciones del préstamo puede suponer el fin de las cajas de ahorros. El documento insta al Gobierno a clarificar la ley de Cajas antes de finales de noviembre para obligarlas a reducir sus participaciones en los bancos -a los que transfirieron su negocio financiero- hasta una posición de no control. Además, se impulsará medidas para incompatibilizar la presencia en los órganos de gobierno de las cajas y de los bancos.
El banco malo. Cualquier entidad que reciba fondos, aunque sean los bonos convertibles (cocos), estará obligada a transferir sus activos inmobiliarios a una sociedad de gestión o banco malo. El precio de transmisión de los activos no será el de mercado, sino que se calculará según un valor razonable. Las autoridades españolas presentarán a finales de agosto una propuesta para crear este organismo, que debería funcionar desde noviembre.
Condiciones generales al sector. Tanto los perceptores de ayudas como el resto se verán obligados a partir de ahora a tener un capital del 9% sobre activos ponderados por riesgo (créditos). Este requerimiento ya afectaba a los bancos sistémicos, pero ahora se extiende a todos. Europa también controlará la gestión de liquidez de todas las entidades.
Reestructuración. Todo aquel que reciba ayudas públicas deberá realizar un duro plan de reestructuración para adelgazar el tamaño, transferir los activos a un banco malo, eliminar los pagos de dividendos y de la retribución variable a los directivos, reequilibrar las fuentes de financiación externa (entre ellas, su apelación al BCE), mejorar el gobierno corporativo, vender activos no estratégicos y hacer partícipes a los acreedores (como los tenedores de preferentes) de las pérdidas.
Grupos de entidades. El documento distingue cuatro grupos. En el primero están los bancos que no necesitan capital (según el FMI, Santander, BBVA y Caixa Bank); el segundo es el de los nacionalizados (Bankia, Catalunya Caixa, Nova Galicia y Banco de Valencia); el tercero es el aquellos que necesitan capital y pueden conseguirlo por sus medios; y el cuarto lo forman los que precisan capital pero no pueden obtenerlo. Estos últimos serán capitalizados y -como los nacionalizados- deberán presentar un agresivo plan de reestructuración.
Inspecciones in situ. El control europeo será casi absoluto. Toda entidad que pida ayudas deberá presentar antes un plan de reestructuración, cuya ejecución vigilará un comité de seguimiento. Europa se reserva el derecho a realizar inspecciones in situ sin avisar antes al Banco de España.
Cocos obligatorios. Una de las novedades importantes afecta a los que, teóricamente, pueden encontrar capital en el mercado, es decir, el Grupo 3. En el caso de que sus necesidades de capital sean superiores al 2% de sus activos ponderados por riesgo, como medida de prudencia, deberán emitir bonos contingentes convertibles (cocos), que serán suscritos por el FROB. Si sus planes tienen éxito y antes de junio del 2013 logran el capital necesario, entonces venderán sus cocos y no pasará nada más. En caso contrario, los bonos se convertirán en capital y la entidad será parcialmente nacionalizada. El documento da un voto de confianza a los que necesitan capital por menos del 2%: se esperará a junio del 2013 para ver si lo consiguen, sin requerimientos adicionales por ahora.
El fin del trayecto. Europa sólo quiere que este proceso de capitalización temporal con fondos públicos sirva para tener un sistema financiero con entidades viables. Por eso el documento insiste en que las entidades no viables deben ser liquidadas y urge a que se dé poder al FROB para poder decidir el cierre de un banco, previo traspaso de sus activos y clientes a otra entidad. ¿Y las entidades viables? Todas deberán acabar cotizando en bolsa
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